El Consistorio hará valer el acuerdo logrado hace un año, y aclara que la Demarcación de Costas del Estado ha insistido en la última reunión mantenida en que la solución más efectiva es que los vecinos logren una concesión administrativa, ante la imposibilidad de incluir al poblado en la lista de enclaves “indultados”.

5 de febrero de 2019. El Portavoz del Ayuntamiento de Lorca, Francisco García, ha informado que el municipio cuenta con el compromiso del Gobierno de España de que no se aplicará ningún tipo de medida contra los afectados por el deslinde del poblado de Puntas de Calnegre. Este fue el acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente y exigiremos su compromiso al actual Gobierno. Se trata del compromiso alcanzado hace algo menos de un año, y que descarta cualquier tipo de medida al respecto, ya que entre todos hemos fuimos capaces de trasladar a Madrid la especial sensibilidad y singularidad que existe con el poblado de Puntas, algo que fue acogido de forma constructiva.

La realidad es que en la última reunión mantenida al respecto con la Demarcación de Costas del Estado, se nos trasladó claramente que la solución pasa porque los vecinos afectados obtuvieran una Concesión Administrativa, y que la inclusión del poblado en el listado de enclaves “indultados” es imposible. De hecho sólo las viviendas ubicadas fuera de la ribera del mar podrían hacerlo, pero tendrían que recomprar sus casas. Es evidente que no es una solución. Hemos de señalar que ninguno de los poblados acogidos al citado anexo presenta viviendas en la ribera del mar (en la playa), algo que sí ocurre en el caso de Puntas

A estas alturas cualquier propuesta es positiva, pero no es serio hacer creer que existe una “solución mágica” ante un problema cuya complejidad es de suma relevancia, más aún cuando el criterio de los miembros de un mismo partidos se contradice.

El objetivo de todas las partes, con el Ayuntamiento a la cabeza, es encontrar una solución real a los vecinos tras la confirmación judicial del deslinde realizado en 2005. Aquí no se trata de otra cuestión que de ayudar a los vecinos, y el que busque otra cosa se equivoca. Lo que estamos haciendo junto a los afectados desde hace más de una década es buscar una solución que impida en cualquier caso el derribo de viviendas.

La solución más factible y positiva que se ha encontrado por parte de los técnicos que han trabajado este asunto es el establecimiento de un sistema de concesiones administrativas, que permita a los vecinos seguir disfrutando de sus viviendas sin ningún tipo de problema. Estamos hablando de regularizar su situación, ofreciendo seguridad jurídica y certidumbre.

El principal problema legal que afecta a los vecinos es que el deslinde efectuado años atrás fue ratificado por los tribunales, a pesar de que el Ayuntamiento y los vecinos recurrieron. A día de hoy existe una línea de viviendas que ocupa el dominio público marítimo terrestre, ya que se encuentra sobre la playa. La concesión administrativa permitiría a los vecinos que tienen sus viviendas en la ribera del mar conservar sus viviendas acogiéndose a este sistema, primero por 30 años y posteriormente con prórrogas sucesivas de 60. En el caso de las viviendas ubicadas fuera de la ribera del mar, el plazo se amplía con prórrogas de 75 años.

Francisco García ha manifestado que no cesaremos en nuestro empeño de proteger Puntas de Calnegre y defender los legítimos intereses de los vecinos. De hecho siempre hemos estado de su parte, y celebramos que ahora otros partidos se sumen a nuestro trabajo, y les damos la bienvenida.

Los vecinos necesitan soluciones reales. Otros se acuerdan sólo de vez en cuando de esta cuestión. Hemos de recordar que cuando otro partido comenzó a derribar construcciones en la costa murciana nosotros incoamos la declaración BIC del poblado y evitamos que echaran abajo las casas. Esos que ahora predican son los mismos que trajeron la pala de derribo a las puertas de Calnegre. Si fuera por el PSOE el poblado hoy no existiría. En la cuestión del BIC llegó incluso a acusarnos de estar actuando en fraude de ley. Fue una herramienta que funcionó, a pesar de que los concejales del PSOE en Lorca lo descalificaron y demonizaron abiertamente, e incluso sus jefes de filas desde Murcia y Madrid presentaron un recurso en contra.

Hemos de recordar las declaraciones de Diego Ferra cuando se emprendió la declaración como BIC, señalando que “nos preocupa que se trate de una maniobra para levantar falsas expectativas porque todo apunta a que las competencias autonómicas no pueden afectar a la titularidad estatal del dominio público marítimo terrestre” (28-01-2010), así como las del entonces portavoz del PSOE, Leoncio Collado, que aseguraba que “la declaración como Bien de Interés Cultural del poblado de Puntas de Calnegre no resuelve el problema de fondo que mantiene viva la preocupación de los vecinos por mantener en pie las viviendas” (12-05-2010).