La actuación de los servicios técnicos de Urbanismo permitió el pasado año el cumplimiento de 139 órdenes de ejecución en inmuebles que presentaban riesgos contra la vía pública

Se trata de una cifra que conlleva un gasto económico de 668.695,32 euros. El Ayuntamiento tuvo que intervenir a lo largo de 2018 de forma subsidiaria en 33 casos, con un desembolso público de 116.437 €.

28 de febrero de 2019. La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, María Saturnina Martínez, ha informado que el Consistorio Municipal dictó el pasado año un total de 101 órdenes de ejecución a los propietarios de los correspondientes inmuebles que presentaban deficiencias en su estructura o mantenimiento y que tenían que ser ejecutadas para garantizar la seguridad de la vía pública en la que se encuentran. Esta cifra obliga a los dueños a la realización de múltiples tareas de conservación, limpieza y mejoras que supone un importe económico total cifrado en 550.569,15 euros. En término globales, hemos de indicar que en 2018 se materializaron un total de 139 órdenes de este tipo, sumando las efectuadas de forma subsidiaria por el Ayuntamiento y las que se exigió hacer a los propietarios, conformando un gasto general de 668.695,32 euros.

Satur Martínez ha explicado que el balance de actuaciones en este sentido señala, además, que a lo largo del pasado año el Ayuntamiento se vio en la obligación de elevar hasta 33 sus intervenciones, lo que constituye en la práctica casi cuadruplicar el número de ejecuciones subsidiarias materializadas sobre inmuebles de titularidad privada, con el objetivo de evitar posibles eventualidades a peatones, construcciones colindantes o vía pública, lo que acarreó un gasto extraordinario para las arcas municipales cifrado en 116.437 euros, muy por encima de los casi 27.790 euros que se tuvieron que emplear en este mismo sentido durante el año 2017.

La Edil de Urbanismo, que se ha referido a los datos que arroja el balance del año pasado efectuado al respecto por parte de los servicios municipales, ha indicado que las órdenes decretadas por parte de esta área de gestión municipal a los dueños de distintas propiedades consiguieron que a lo largo de 2018 se llevaran a término una serie de 106 actuaciones de mejora en diferentes construcciones y solares que suponen un coste económico de 552.285,32 euros, más del doble que los 237.700 € que se ejecutaron el año anterior, y que se correspondían con un total de 76 órdenes municipales.

Hemos de señalar que los decretos municipales, levantados por parte de los propios técnicos de los servicios de Urbanismo, se refieren tanto a inmuebles ubicados en el casco urbano, como en las pedanías, entre las que cabe mencionar Zarzadilla de Totana, Doña Inés, La Paca, Torrealvilla, Tercia, Río, Carrasquilla y Coy.

Estas órdenes, de obligado cumplimiento, oscilan entre los 300 y los 75.400 euros, siendo esta última la cifra más elevada de cuantas se han decretado hasta la fecha por parte del Ayuntamiento, afectando en concreto a una construcción radicada en la Diputación de Río, sobre la que se decretó una intervención para la retirada de elementos inestables, saneo de fachadas y limpieza de escombros, entre otras cuestiones. Hemos de señalar que esta intervención ya fue ejecutada por parte de sus dueños.

Satur Martínez ha manifestado que en los casos en los que el Ayuntamiento se ve obligado a actuar de forma directa se ha procedido a la retirada de elementos inestables, tapiado de huecos, limpieza interior y de vegetación, así como a la retirada de elementos inestables, limpieza de cubiertas, saneado y clausura de oquedades. Estamos hablando de casos fiscalizados por técnicos municipales, abordados por diferentes departamentos municipales y sobre cuyos dueños pesan órdenes de ejecución a las que han hecho caso omiso, y no podemos dar lugar a que ocurra cualquier eventualidad.

La Edil de Urbanismo ha subrayado que no puede ser que los lorquinos tengamos que asumir el gasto de arreglar y limpiar las propiedades particulares de ciudadanos o entidades que por cualquier circunstancia deciden dejar en situación de abandono solares o construcciones. Se trata de actuaciones de carácter excepcional por parte del Ayuntamiento, que no pueden convertirse en proceder habitual, ya que no es tarea propia del Consistorio tener que pagar con el dinero de todos los ciudadanos la necesaria limpieza de los solares y viviendas deshabitadas. No es el Ayuntamiento el que tiene que limpiar los solares particulares, eso es obligación directa de los propietarios. Cada uno es responsable de lo que hace con su casa. Tanto el casco histórico como otros enclaves vienen pagando la irresponsabilidad de los propietarios de los inmuebles, que dejan las casas abandonadas, y es un contrasentido que tengamos ser el resto de ciudadanos los que paguemos el mantenimiento de estos inmuebles. La desidia es culpa de los propietarios, y tenemos que tomar conciencia de qué responsabilidades tiene cada ciudadano. En cualquier caso debemos dejar claro que actuamos para evitar mayores incidencias, pero la factura de los trabajos la tendrán que pagar los dueños de los inmuebles.