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La concejalía de Medio Ambiente retira más de 45 toneladas de escombros de un tramo de la rambla de La Torrecilla

El edil José Luis Ruiz Guillén ha reiterado que “se pondrán todos los recursos humanos y materiales, así como las medidas pertinentes para perseguir este tipo de conductas delictivas y que se pueda sancionar por los que se considera una infracción grave, que conllevaría una multa de 901 euros”.

16 de junio de 2020. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Lorca, José Luis Ruiz Guillén, ha informado de la limpieza, este pasado sábado, de vertidos incontrolados de escombros en un tramo de la rambla de La Torrecilla.

El edil de Medio Ambiente ha explicado que “se han retirado mediante gestor autorizado y maquinaria específica más de 45 toneladas de escombros vertidos en un tramo de 1,8 kilómetros en la rambla de La Torrecilla”.

José Luis Ruiz Guillén ha detallado que “entre los residuos se encontraban principalmente azulejos, hormigón, escayola, ladrillos y carpintería metálica. Además, también se ha retirado basura domiciliaria que en apenas una semana ha vuelto a ser acumulada en dicho tramo”.

Ruiz Guillén ha señalado que “esta acción se complementa a la que se realizó hace unos días por parte de la empresa municipal de limpieza, Limusa, que retiró unos 780 kilos de basuras y enseres vertidos en el mismo tramo, la gran mayoría muebles, enseres de origen domiciliario, basura doméstica y envases químicos fitosanitarios”.

Por último, el responsable de Medio Ambiente ha reiterado que desde las concejalías de Medio Ambiente y de Seguridad Ciudadana se pondrán todos los recursos humanos y materiales, así como las medidas pertinentes para perseguir este tipo de conductas delictivas y que se pueda sancionar a los infractores.

Cabe destacar que la normativa que resulta de aplicación es la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, siendo el precepto infringido el artículo 43.3 c) abandono, vertido o eliminación incontrolado de cualquier tipo de residuos no peligrosos sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente.

Estando considerada como infracción grave, lo que conllevaría una sanción económica de 901 euros, así como la reposición de la situación alterada a su estado originario.