Tras la comparecencia de los distintos partidos políticos, la propuesta ha sido aprobada por 15 votos a favor y 10 en contra

Rosa María Medina, indicaba en su parlamento que “en una democracia europea consolidada como la española, esta pretensión atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho”


28 de septiembre de 2023. El Pleno del Ayuntamiento de Lorca ha aprobado hoy la moción presentada por parte del Grupo Municipal Popular en contra de la tramitación de una Ley de Amnistía, por 15 votos a favor y 10 en contra.

Los votos favorables han llegado desde el Grupo Popular y VOX; por su parte, Izquierda Unida y PSOE han realizado su voto en contra.

Esta moción ya fue adelantada en las Comisiones Informativas al resto de formaciones, y su objetivo fundamental es la defensa del imperio de la Ley, de la Constitución Española, cuyos valores fundamentales incluyen la Igualdad y la Libertad de todos los españoles.

“Nos encontramos en un momento importante en la historia de España, y que nos afecta a todos. Tenemos que saber a dónde queremos dirigir nuestra Nación y nuestro marco Constitucional, ya que la propuesta de un indulto general modifica nuestro Estado de Derecho”, indicaba la segunda teniente de Alcalde Rosa María Medina.

Durante su comparecencia, Medina Mínguez, animaba, “a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida a las condiciones ilegales de partidos independentistas”.

De esta forma, ha quedado aprobada esta moción ante “cualquier tipo de Amnistía o indulto generalizado para cualquier grupo de ciudadanos, cualquiera que sea su delito. El imperio de la Ley es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento”, añadía Medina.

“La amnistía no es el perdón de la pena, sino del delito”, sumaba la segunda teniente de Alcalde, que insistía en que “en una democracia europea consolidada, como es la española de 2023, una amnistía, además, atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del poder judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, la igualdad en la aplicación de la Ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador, ni el poder ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar inmune a un grupo de personas, borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano”.

A partir de ahora, Medina emplazaba a que se dé traslado de este acuerdo municipal a Presidencia de gobierno, a la vicepresidencia primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la vicepresidencia segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial, y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado, así como a la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias.