Se trata del segundo convenio de planeamiento cuyos promotores exigen que se les reintegren las cantidades económicas abonadas. Fue aprobado en solitario por el PSOE en el Pleno municipal de julio de 2005 y firmado dos días después
María Hernández, edil de Urbanismo: “ningún responsable del anterior Gobierno local ha advertido si quiera con carácter informal de las consecuencias de esta reclamación. Tenían que haber avisado, así no se hacen las cosas. No nos vamos a quejar porque lamentarse no sirve de nada, pero esto no corresponde a una gestión seria ni a quien respeta a los ciudadanos, no es una cuestión menor”
5 de junio de 2024. La concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Lorca, María Hernández Benítez, ha informado en la mañana de este miércoles de la reciente presentación de una reclamación formal ante el Consistorio Municipal por parte de los promotores de un convenio urbanístico que tenían previsto llevar a cabo un desarrollo en terrenos ubicados en la pedanía de La Hoya.
Se trata de un convenio de planeamiento, diferente a los conocidos como “convenios trampa” que se pretendían ejecutar en terrenos calificados como Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU), que fue aprobado en solitario por el Gobierno del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2005, y firmado apenas dos días más tarde entre los promotores y los políticos socialistas del momento. Los promotores, pertenecientes a la mercantil Residencial Sierra de Tercia, entienden incumplido el convenio y reclaman que se les devuelva la cantidad abonada años atrás, 715.202 euros, además de los intereses generados, que, de acuerdo con los cálculos efectuados, se sitúan en 492.660 euros, lo que supone un total de 1.207.862 euros.
Esta reclamación confirma que la deriva de los convenios urbanísticos ni mucho menos está finalizada, como intentaba hacer creer el PSOE en noviembre de 2022, sino que las peticiones de los promotores continúan y se suman a los más de 15 millones de euros en pérdidas de los convenios en terreno SIDU y los 750.000euros que también se tienen que devolver por otro convenio urbanístico de planeamiento en la pedanía de Aguaderas.
La concejal de Urbanismo ha manifestado que “19 años después los lorquinos seguimos sufriendo las consecuencias de los excesos urbanísticos, y lo peor es que la situación no señala una fecha definida para que esto se detenga y pare la hemorragia de pérdidas económicas que tienen que pagar todos los ciudadanos con el dinero de sus impuestos. Desde el Gobierno de Lorca, con el respaldo de nuestros servicios jurídicos y urbanísticos, vamos a defender los intereses de nuestro Ayuntamiento hasta el último extremo, que nadie tenga duda de que vamos a dar la batalla en vía administrativa y judicial.
En el caso concreto que nos ocupa en estos momentos, nos ha resultado particularmente indignante que el anterior gobierno local tratara de que esta reclamación pasara inadvertida, limitándose a realizar una única y vaga referencia al mismo, pero trasladando ante los medios de comunicación que consideraban que la situación estaba controlada y encauzada, cuando la realidad que ocultaba es muy distinta.
La verdad es que el 24 de noviembre de 2022 tuvo que ser nuestro alcalde, Fulgencio Gil Jódar, quien informara a los lorquinos en una comparecencia pública que el Ayuntamiento había sido condenado a devolver el dinero ingresado por un convenio urbanístico, que en un primer momento el PSOE intentó hacer creer que pertenecía a los calificados como “convenios trampa”. Sin embargo, con el paso de los días, se vieron obligados a reconocer que se trataba del primer convenio de planeamiento con sentencia judicial condenatoria en firme. No hubo información alguna por parte del anterior gobierno a los grupos políticos municipales sobre este tema y nos tuvimos que enterar por lo publicado en los medios de comunicación.
Ante este oscurantismo, forzamos la convocatoria de la Comisión de Territorio, Infraestructuras y Gobernación, que tardaron casi dos meses en convocar, y en la que trasladamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que la primera condena por un convenio urbanístico de planeamiento pudiera provocar un efecto dominó en el resto de convenios que cuentan con la misma tipología. La respuesta, tal y como consta en el acta, fue: “no se prevé que esta sentencia pueda influir”, “se estima que el alcance de esta sentencia es limitado”, “no se considera que esta sentencia pueda afectar en nada”, “se considera todo encauzado, las sentencias atendidas y que no hay atisbo de catástrofe”, y cuando se les preguntó sobre si aquella condena podría dar lugar a la formulación de más demandas, afirmaron taxativamente que no. Es evidente que esa reunión fue un teatrillo de la mentira.
Ahora, con los documentos sobre la mesa, comprobamos que la verdad es muy distinta a la que trataban de hacer creer a los lorquinos. Resulta indignante y bochornoso comprobar el nivel de oscurantismo y la ley del silencio que trataron de imponer para hacer creer que “aquí no pasaba nada”, que todo iba bien y estaba bajo control. La realidad es que el 1 de julio de 2021 los promotores de este convenio ya exigieron su resolución y la devolución del dinero a través de un escrito que fue deliberadamente ocultado a los grupos políticos municipales y de cuya existencia nos hemos tenido que enterar casi tres años después. Un escrito cuyos términos han sido reiterados en las últimas horas y de cuyo contenido este Gobierno de Lorca sí que va a informar, porque los ciudadanos tienen todo el derecho del mundo a conocer la verdad y estamos obligados moralmente a hacerlo.
María Hernández ha lamentado que, durante el tiempo transcurrido, ningún responsable del anterior gobierno local haya advertido si quiera con carácter informal de las auténticas consecuencias de esta reclamación urbanística, especialmente por el elevado golpe económico de 1,2 millones de euros que tendrían que soportar las arcas municipales en el caso de ser definitivamente condenados a devolver el dinero. Tenían que haber avisado, así no se hacen las cosas. No nos vamos a quejar porque lamentarse no sirve de nada, pero esto no corresponde a una gestión seria ni a quien respeta a los ciudadanos, no es una cuestión menor.
Conviene advertir que las tensiones económicas que está soportando el ayuntamiento a consecuencia del gasto de 22 millones de euros fuera del presupuesto en los últimos meses de gobierno del PSOE, se verían agravadas en caso de recibir otra sentencia condenatoria por los convenios urbanísticos.