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El Gobierno de Lorca desestima, a favor de los lorquinos, el recurso presentado por la mercantil Sierra de Tercia, que exigía 1,2 millones de euros por un convenio urbanístico

La entidad reclamaba de nuevo esta cantidad, tras el acuerdo plenario del 30 de septiembre; sin embargo, los servicios municipales estiman rechazar la reclamación y no proceder a la devolución del importe

El convenio fue aprobado en solitario por el Partido Socialista en el Pleno municipal de julio de 2005 y firmado dos días después; y fue en 2021 cuando los promotores ya reclamaron las cantidades económicas abonadas tras su firma

María Hernández, edil de Urbanismo: “El Gobierno de Lorca, con Fulgencio Gil a la cabeza, va a seguir defendiendo los intereses de nuestra Ciudad y de todos los lorquinos con todas las herramientas administrativas y jurídicas a nuestro alcance, con este y con todos los errores que surjan tras la debacle socialista”

Lorca, 25 de enero de 2025. La edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Lorca, María Hernández, ha anunciado la moción que será llevada al Pleno Municipal de este mes de enero, por la que se desestima el recurso potestativo de reposición interpuesto por la mercantil Residencial Sierra de Tercia, S.L. contra el acuerdo plenario de fecha 30 de septiembre de 2024, por el que se desestimó la solicitud efectuada por la misma y por la que reclamaba el pago de 1,2 millones de euros, a consecuencia de un convenio urbanístico de hace años por el que tenían previsto una acción de desarrollo en terrenos ubicados en la pedanía de La Hoya.

El siguiente paso es “notificar individualmente a la mercantil interesada, poniéndole de manifiesto que, de conformidad con lo establecido en el Art. 52 de la Ley 7/85, de 2 de Abril, Reguladora de Bases de Régimen Local, el presente acuerdo pone fin a la vía administrativa. No obstante, cabe decir que contra el mismo puede interponerse un recurso contencioso administrativo ante el órgano competente de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, Tribunal Superior de Justicia, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente a la recepción de la notificación de la resolución, de conformidad con lo establecido en el Art. 46 de la Ley 29/98, de 13 de Julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”.

Hernández Benítez ha recordado que se trata de un convenio de planeamiento, diferente a los conocidos como ‘convenios trampa’ que se pretendía ejecutar en terrenos calificados como Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU), “que fue aprobado en solitario por el Gobierno del PSOE en el Pleno del Ayuntamiento el 25 de julio de 2005, y firmado apenas dos días más tarde entre los promotores y los políticos socialistas del momento”. Los promotores, pertenecientes a la mercantil Residencial Sierra de Tercia, entendían incumplido el convenio y reclamaban que se les devolviera la cantidad abonada años atrás, 715.202 euros, además de los intereses generados, que, de acuerdo con los cálculos efectuados, se sitúan en 492.660 euros, lo que supone un total de 1.207.862 euros.

La mercantil Residencial Sierra de Tercia, desde mayo de 2009 en que le son comunicadas las deficiencias observadas por el Servicio de Planeamiento y Gestión, no ha había realizado acción alguna referente a su subsanación, resolución o liquidación de dicho convenio, siendo obligación del titular del derecho su ejercicio en los plazos legalmente fijados para evitar su extinción y no es hasta el 2 de julio de 2021 cuando solicita la reclamación y devolución de las cantidades entregadas, fecha en que, como bien se argumentaba en un informe emitido por los servicios técnicos del Ayuntamiento, se considera que se ha producido la prescripción de la acción.

“Seguimos, por tanto, resolviendo problemas heredados de un equipo de gobierno socialista caracterizado por la falta de gestión y eficiencia, y que llevó a la deriva al municipio durante muchos años. Y las peticiones de los promotores continúan y se suman a los más de 15 millones de euros en pérdidas de los convenios en terreno SIDU y los 750.000 euros que también se tienen que devolver por otro convenio urbanístico de planeamiento en la pedanía de Aguaderas, todo ello derivado de la pésima gestión socialista en Lorca cuyas consecuencias no paran de surgir. De la mano de los servicios jurídicos y urbanísticos del Ayuntamiento, este equipo, con Fulgencio Gil a la cabeza, va a seguir defendiendo los intereses de nuestra Ciudad y de todos los lorquinos con todas las herramientas administrativas y jurídicas a nuestro alcance”, ha concluido Hernández.