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El Ayuntamiento de Lorca exige que las Zonas de Flujo Preferente no se establezcan hasta que se ejecuten las obras del Plan de Defensa de Inundaciones

El concejal de Agricultura reclama al Ministerio de Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Segura que den la cara ante los cientos de damnificados y les ofrezcan alguna explicación: “Están sometiendo a los afectados a un doble castigo: desprotegidos y arruinados”.

Ante el silencio del gobierno central y la falta de información a los perjudicados por las Zonas de Flujo Preferente, el Consistorio es la única administración que está ofreciendo información a los vecinos.

El Ayuntamiento insiste en que se pare ya el proceso, que se ha convertido en una “pesadilla”, arruinando a miles de lorquinos con una reclasificación de terrenos que, en la práctica supone una expropiación encubierta de más de 2.500 hectáreas.

Lorca, 13 de octubre de 2025. El concejal de Agricultura y Agua en el Ayuntamiento de Lorca, Ángel Meca, ha exigido al gobierno central que no se proceda a delimitar las Zonas de Flujo Preferente en la comarca de Lorca hasta que no se ejecuten las inversiones previstas en el Plan de Defensa de Inundaciones. Se trata, principalmente, de las presas y diques de laminación para proteger a los ciudadanos de las riadas provocadas por las ramblas de Béjar, Nogalte y Torrecilla, así como el Canal de Biznaga.

Ángel Meca ha manifestado que imponer las restricciones antes de llevar a cabo estas obras es un doble castigo hacia los vecinos, que lo que necesitan es que el gobierno central les proteja, no que les arruine aplicándoles una expropiación encubierta de sus hogares, terrenos y negocios. La realidad es que la situación es absolutamente dramática para cientos de familias lorquinas, que nos trasladan su absoluta incredulidad ante estos hechos, puesto que no han recibido ninguna notificación por parte del gobierno central, en la que se les comunique la reclasificación de sus casas y parcelas. No estamos hablando de grandes propietarios, sino de familias que están pagando una hipoteca por una parcela, o que llevan viviendo en el mismo sitio desde hace generaciones, y de repente se enteran que han gastado su vida pagando una propiedad cuyo valor real pasa a ser cero.

Desde el Consistorio Municipal se reclama que las restricciones y efectos del establecimiento de los mapas de Zonas de Flujo Preferente que el gobierno de Pedro Sánchez viene imponiendo desde 2020 queden automáticamente sin efecto, y que no se definan sobre plano hasta que esa administración no ejecute las obras de defensa ante inundaciones que tenían que están ya ejecutadas para proteger a los vecinos de Campillo, Purias, Torrecilla y el resto de pedanías afectadas por este proceso, que se ha convertido en “una pesadilla”.

Ángel Meca ha subrayado que lo que Lorca necesita en este sentido por parte del Ministerio “son inversiones, no mapas de ruina”, y ha recordado que estos mapas se han establecido unilateralmente por esa administración, sin consultar ni a los vecinos, ni al Ayuntamiento ni al gobierno regional, ocultando los hipotéticos criterios técnicos empleados para su confección, dando lugar a una “gran chapuza”, que, en vez de ayudar a la gente, les arruina la vida. En lugar de colores sobre un mapa, exigimos infraestructuras que les protejan.

El concejal de Agricultura ha querido dejar claro que este Ayuntamiento asume su gestión ante los ciudadanos y la respuesta operativa municipal cada vez que se registran precipitaciones, pero que todo el mundo tenga bien claro que la responsabilidad exclusiva de lo que ocurra en esta zona de Lorca por no ejecutar las obras de defensa ante inundaciones cae directamente sobre el Ministerio de Transición Ecológica. Estamos hartos de denunciar lo que está pasando y más hartos aún de ver cómo pasan los años y pierden el tiempo. Es indignante tener que enterarnos a estas alturas por los medios de comunicación de que la construcción de las presas de laminación en las ramblas de Béjar, Torrecilla y Nogalte sigue sin licitarse, y que la de Béjar también permanece bloqueada y no saldrá a licitación al menos hasta 2026. En resumen, todo enmarañado y sin avances, sólo líos administrativos tras los que esconderse entre flagrantes incumplimientos de los planes de gestión de riesgos, junto a ciclos de planificación manifiestamente inútiles.