Es la primera vez que la Administración local reclama una deportación apoyándose en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social

Esa Ley incluye también entre los supuestos para obligar a abandonar el territorio nacional los delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios

Belén Pérez, edil de Régimen Interior: “Los delitos que presuntamente se le imputan están entre los que pueden motivar la expulsión, robo con violencia, por lo que vamos a ser implacables”

Lorca, 25 de noviembre de 2025. El alcalde, Fulgencio Gil Jódar, daba instrucciones a la Secretaría General de la Administración local para que el Ayuntamiento se personara en las diligencias abiertas en el juzgado contra el presunto ‘tironero’ de Plaza Real para el que se ha pedido su expulsión inmediata del país. Así lo ha anunciado este martes la edil de Régimen Interior, Belén Pérez, que ha asegurado que “se trata de la primera vez que la Administración local reclama una expulsión. Lo haremos apoyándonos en la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de extranjeros en España y su integración social, el 57.2 de la Ley de Extranjería y el 89 del Código Penal. Es la primera vez, pero no va a ser la única. La intención es personarnos en todas las causas de este tipo. Los delitos que presuntamente se le imputan están entre los que pueden motivar la expulsión, robo con violencia, por lo que vamos a ser implacables en esta y otras situaciones idénticas que se produzcan en lo sucesivo”.

Los delitos contra el patrimonio: robos con violencia, robos con fuerza en las cosas, “son constitutivos de expulsión de nuestro territorio, por lo que vamos a ser inflexibles exigiendo que todo el peso de la Ley caiga sobre esta y otras personas que actúen de igual manera. No queremos delincuentes extranjeros y vamos a actuar para que sean devueltos a su país y que no puedan regresar a Lorca”, ha insistido la edil de Régimen Interior.

Esa Ley, ha recordado, incluye también entre los supuestos para obligar a abandonar el territorio nacional los delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios. “También vamos a estudiar personarnos en estos supuestos. La jurisprudencia del Tribunal Supremo aclara que la existencia de residencia legal no impide la expulsión. Serán deportados y sobre ellos recaerá la prohibición de regreso que puede durar diez años. La expulsión por delitos penales es una realidad jurídica que afecta cada vez a más personas extranjeras en España. Hay que acabar con la impunidad”.

Y ha añadido que “pueden ser expulsados los condenados a una pena privativa de libertad inferior a un año, ya que se toma en consideración la sanción prevista en el Código Penal español. No admite interpretaciones concretas en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro, al tratarse de una transposición de la normativa europea, decidida en un ámbito comunitario. Nuestra personación está basada en el derecho constitucional, recogido en el artículo 125 de la Constitución Española. Existe interés social relevante, lo que sustenta nuestra personación en esta y otras causas en lo sucesivo”.

El Ayuntamiento, ha aportado, “se ha personado como parte perjudicada, ya que este tipo de acciones generan alarma social, con independencia de que se ha cometido un delito contra una persona de nuestro municipio. Un robo mediante el uso de la violencia o intimidación, en la que la víctima sufre incluso daño o lesión. Es un aviso a navegantes de que no vamos a permitir que se altere el normal transcurrir de la vida en nuestro municipio. Y los que decidan hacerlo, tendrán que enfrentarse a una expulsión de nuestro país, porque así lo vamos a reclamar”.

Igualmente, ha manifestado que también es motivo de expulsión otros supuestos que se van a tener en cuenta a partir de ahora. “Entre los delitos que pueden motivar la expulsión, además del que hacemos referencia, contra el patrimonio, robos con violencia, robos con fuerza en las cosas, también están contra la seguridad vial, por conducción bajo los efectos del alcohol o drogas cuando existe reincidencia o resultado lesivo. Y los delitos de falsedad documental, uso de pasaportes falsos y empadronamientos ficticios”.

La edil ha advertido que “existe jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el permiso de residencia. La existencia de residencia legal no impide la expulsión si concurren los requisitos del artículo 57.2 a los que hemos hecho referencia. Estas expulsiones se están multiplicando y no sólo en nuestro país. Hace sólo unos días Chile expulsaba a 69 extranjeros que habían cometido delitos. Lo hizo en un vuelo chárter, con destino a Colombia y Perú. Es, como decía, la primera vez que nos personamos, pero en lo sucesivo será la dinámica a seguir”.

Por último, ha puesto énfasis en la necesidad de poner fin a determinadas conductas para permitir una mejor convivencia. “Hay situaciones que en otros lugares son habituales, pero aquí, no. Lorca es una tierra de libertad, de personas que se integran en la sociedad, compartiendo nuestros valores, nuestra cultura, nuestras costumbres. No se puede ‘acorralar’ a nadie bajo el paraguas de la tradición y la obligación”.