Tras la información facilitada por los ciudadanos, los funcionarios del Órgano de Control del Padrón acudieron a las inmediaciones del camino Hondo en una zona donde existen pequeñas edificaciones habitadas en condiciones infrahumanas

Además, esta semana, Policía Local de Lorca ha detectado la existencia de varios asentamientos chabolistas en la pedanía de Ramonete donde se han utilizado cañizos, palos y plásticos para levantar estructuras que albergan a numerosos trabajadores

Belén Pérez, edil del Padrón: “La proliferación de chabolas en nuestro municipio para dar cobijo a trabajadores agrícolas se ha convertido en un problema que este Ayuntamiento se ha propuesto erradicar. No se puede permitir que estas personas vivan en esas condiciones y que los propietarios promuevan estos actos fuera de la legalidad”

Lorca, 1 de diciembre de 2025. La concejal del Padrón, Belén Pérez, ha informado que el Ayuntamiento de Lorca, a través del Órgano de Control del Padrón, ha remitido un oficio, el pasado 27 de noviembre, a la Confederación Hidrográfica del Segura en su condición de titular de unas instalaciones, tras haber tenido conocimiento y haber sido detectadas personas que estaban habitando unas instalaciones de su titularidad en condiciones infrahumanas.

Según ha explicado la edil, tras la información facilitada por ciudadanos a través de diversos canales de contacto, funcionarios del Órgano de Control del Padrón, se personaron en las inmediaciones del camino Hondo, en Marchena, en concreto en el cauce del Río Guadalentín a su paso por esta diputación, donde existen unas pequeñas presas así como canales de derivación destinados a regular y desviar el caudal circulante hacia la red de acequias de riego.

En dicha instalación, hay seis pequeñas edificaciones cuya función original consistía en albergar mecanismos de apertura y maniobra de las compuertas metálicas; unas infraestructuras que -en la actualidad- se encuentran fuera de servicio pero que están siendo ocupadas por personas, una circunstancia que, al parecer, viene produciéndose desde el año 2021. “Según ha señalado el arquitecto municipal de dicho Órgano, la zona correspondiente al cauce del río presenta una gran acumulación de basura y escombros procedentes tanto de la presencia continuada de personas como del deterioro de las propias edificaciones, situación que ha generado problemas de insalubridad pudiendo comprometer no sólo la propia salud de las personas que allí se encuentran, sino también la calidad ambiental de todo el entorno”.

Esta situación ha sido puesta en conocimiento de la Confederación y esperamos que tome medidas cuanto antes.
Por otro lado, pero no menos importante, “la proliferación de chabolas en nuestro municipio para dar cobijo a trabajadores agrícolas se ha convertido en un problema que este Ayuntamiento se ha propuesto erradicar. No se puede permitir que personas habiten en lugares insalubres que incumplen las condiciones mínimas de habitabilidad”.

Y es que esta semana la Policía Local de Lorca ha detectado la existencia de varios asentamientos chabolistas en la pedanía de Ramonete donde se han utilizado cañizos, palos y plásticos para levantar estructuras que albergan a numerosos trabajadores, en algunos casos con sus familias, ubicados en lugares de difícil acceso y alejados del paso habitual de personas y vehículos. Asimismo, se están aprovechando cobertizos, almacenes de aperos, garajes y antiguos transformadores de luz para convertirlos en infraviviendas.

“Esta circunstancia fue trasladada inmediatamente al Órgano de Control del Padrón que ha incoado los procedimientos oportunos contra los promotores de estos asentamientos ilegales que consisten en ordenar la demolición de todo lo levantado con advertencia de que de no hacerlo, además de imponer la correspondiente multa, las actuaciones de restablecimiento de la legalidad serán acometidas”.

En este punto, hay que destacar la extraordinaria coordinación y el exhaustivo trabajo llevado a cabo por todos los servicios implicados, lo que ha permitido emprender, con la máxima celeridad, las comprobaciones necesarias y, por tanto, las diligencias pertinentes para poner fin a esas situaciones irregulares y fuera de la ley.

La edil ha aludido, en este sentido, a la aprobación en el Pleno de la modificación de la Ordenanza Municipal del Padrón de habitantes, endureciéndola para reforzar la lucha contra la infravivienda, lo que permitió ampliar las tipologías infractoras modificando la norma tras detectar, desde la puesta en marcha del órgano en junio de 2023, de la mano del nuevo equipo de Gobierno, con Fulgencio Gil a la cabeza, nuevas casuísticas que, hasta ahora al no tener previsión legal, se escapaban al control municipal.

Tal es el caso de la inclusión como infracción de carácter muy grave la cometida por el propietario que, con la finalidad de empadronar a personas, realice modificaciones inmuebles o en sus elementos privativos para proceder a su cambio de uso a vivienda sin la preceptiva autorización municipal.

“La pretensión no es la multa. Aquí las personas son lo primero, y el objetivo radica en perseguir todas aquellas conductas que atenten contra la dignidad de las personas, reforzando la lucha contra la infravivienda y adecuando el Padrón de habitantes a la realidad de nuestro municipio, que busca de manera definitiva dar carpetazo al modelo de ciudad dormitorio que imperaba en Lorca y no vamos a dejar pasar ni una”.

“Queríamos acabar con la sensación de impunidad que tenían los infractores y lo estamos consiguiendo; nosotros no vamos a mirar para otro lado. Aquí juega un papel fundamental la ciudadanía a quienes agradecemos que nos trasladen conductas sospechosas, por ejemplo a través del whatsApp: 608 87 72 04. Insistimos en que los lorquinos pueden ayudarnos denunciando cualquier situación anómala que detecten. Únicamente actuando juntos defenderemos y protegeremos nuestra ciudad”.

Aquí la edil ha querido recordar “la apuesta política y personal de nuestro alcalde, Fulgencio Gil, por hacer frente a estas infracciones. Pero el Gobierno de España debe escuchar nuestras peticiones y que el empadronamiento fraudulento sea tipificado específicamente como delito en el ordenamiento jurídico español, contemplando penas de privación de libertad y sanciones económicas proporcionales a los ingresos obtenidos, procesando tanto a quienes se lucren con estas prácticas, como a quienes participen en su comisión”.