Desde la creación de la Unidad, se han tramitado 87 expedientes sancionadores por vulneración del planeamiento municipal, con multas por importe de 260.190 euros

A ello, hay que sumar los 194 expedientes sancionadores por vulneración de la Ordenanza Municipal de Control del Padrón, lo que supone más de 50.000 euros

A las sanciones económicas, se añaden más de una treintena de propietarios que verán incrementado su IBI tras hacer modificaciones indebidas en sus viviendas, lo que supone un montante que supera los 391.000 euros.

El carácter transversal de esta unidad pionera continúa consolidándose como una herramienta clave en la lucha contra la infravivienda, el fraude en el empadronamiento y las actuaciones urbanísticas ilegales

Belén Pérez, edil de Padrón: “No vamos a permitir que quienes incumplen la normativa urbanística o utilizan el empadronamiento fraudulento para lucrarse sigan actuando con impunidad. Vamos a seguir utilizando todos los instrumentos legales a nuestro alcance para proteger los derechos de las personas y garantizar el cumplimiento de la ley”

Lorca, 18 de junio de 2026. El Órgano de Control del Padrón del Ayuntamiento de Lorca, en el ejercicio de las competencias que tiene atribuidas, ha comenzado a remitir al Ministerio Fiscal varios expedientes sancionadores al apreciarse indicios de que los hechos cometidos por los infractores pudieran ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio, tipificado en el artículo 319 del Código Penal y castigado con penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

La concejal de Padrón, Belén Pérez, ha explicado que esta actuación responde al cumplimiento estricto de la legislación vigente, ya que la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia establece que cuando durante la instrucción de un procedimiento sancionador por infracción urbanística se desprendan indicios de ilícito penal, el órgano instructor debe poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal para la exigencia de las posibles responsabilidades penales en las que hayan podido incurrir los infractores, suspendiendo la tramitación administrativa hasta que recaiga resolución del Ministerio Fiscal o resolución judicial firme.

Los expedientes remitidos afectan a cuatro actuaciones urbanísticas. Dos de ellas se han ejecutado sobre terrenos afectados por cesiones libres y gratuitas destinadas a viales, mientras que las otras dos se han desarrollado sobre suelo inadecuado para el desarrollo urbano. En todos los casos, las obras realizadas resultan totalmente incompatibles con el planeamiento municipal vigente.
Una vez recibidas las actuaciones, la Fiscalía podrá incoar diligencias de investigación para determinar la posible existencia de un delito. En caso de apreciarse indicios suficientes, los expedientes serán remitidos al órgano judicial competente para la apertura del correspondiente procedimiento judicial.

“Estamos hablando de actuaciones que no sólo vulneran la normativa urbanística, sino que podrían llegar a tener relevancia penal. Por ello, desde el Ayuntamiento actuamos con total contundencia y responsabilidad, trasladando estos hechos a la Fiscalía para que se depuren las responsabilidades que correspondan”, ha señalado Belén Pérez.

Más de 310.000 euros en sanciones desde la puesta en marcha de la Unidad

La edil ha destacado también los resultados obtenidos por este órgano municipal desde su puesta en marcha.

Desde la creación de la Unidad, se han tramitado 87 expedientes sancionadores por vulneración del planeamiento municipal, con multas por importe de 260.190 euros.

A ello, hay que sumar los 194 expedientes sancionadores por vulneración de la Ordenanza Municipal de Control del Padrón, lo que supone más de 50.000 euros.

Todo ello eleva el importe global de las multas tramitadas por este órgano municipal a más de 310.000 euros desde su puesta en marcha.

A las sanciones económicas, se añaden más de una treintena de propietarios que verán incrementado su IBI tras hacer modificaciones indebidas en sus viviendas, lo que supone un montante que supera los 391.000 euros.

Belén Pérez ha recordado que “el trabajo de esta unidad no se limita exclusivamente al control del empadronamiento, sino que permite detectar situaciones de infravivienda, hacinamiento, construcciones ilegales y usos indebidos de inmuebles que afectan directamente a la convivencia, seguridad y dignidad de las personas”.

La concejal ha querido poner en valor el marcado carácter transversal del Órgano de Control del Padrón, un modelo pionero impulsado por el Gobierno de Lorca que integra la actuación coordinada de distintas áreas y administraciones. En sus actuaciones participan de forma conjunta Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Servicios Sociales, Urbanismo, Catastro, Registro de la Propiedad, Agencia Tributaria, Delegación del Gobierno, Sanidad y otros organismos competentes. “Precisamente esa coordinación entre administraciones es una de las claves del éxito de este órgano, que es ejemplo para muchos municipios”.

La edil ha recordado que desde la puesta en marcha de esta unidad se han reforzado los mecanismos de control y seguimiento, reafirmando el compromiso del Ayuntamiento de Lorca por continuar reforzando las labores de inspección, control y vigilancia para garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger tanto los derechos de los vecinos como el modelo de ciudad que demanda la sociedad lorquina. “Seguiremos trabajando con firmeza para combatir cualquier actuación que vulnere la ley. Quien incumpla la normativa debe saber que este Ayuntamiento actuará con todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a nuestra disposición. Nuestro objetivo es claro: proteger a las personas, defender la legalidad y garantizar una ciudad más segura, más ordenada y con mayores oportunidades para todos”.