29.05.2009
El edil de Economía, Antonio Ibarra, ha recordado que los 8.000 millones anunciados por el Estado, realmente se quedan en 6.900, ya que el Estado recupera 1.100 millones al recuperar el IVA.
El concejal de Economía del Ayuntamiento de Lorca, Antonio Ibarra, ha reclamado al Gobierno Central que devuelva a los Consistorios Municipales los 1.100 millones de euros que se ahorra por el IVA de las obras del Fondo Especial de Inversión Local (FEIL). El edil lorquino ha anticipado que “de esta cantidad total, a Lorca vendrían alrededor de 2 millones de euros, que vendrían como agua de mayo para ayudar a paliar la profunda escasez financiera heredada de administraciones anteriores. Esta medida ha tenido su reflejo en el pleno celebrado hoy a través de una moción en la que se solicita además, que el Gobierno de la Nación reparta también a las respectivas Corporaciones Locales las cantidades sobrantes de recursos del Fondo Estatal de Inversión Local, como consecuencia de las adjudicaciones de obras por importes inferiores a los inicialmente previstos en las correspondientes licitaciones.
Antonio Ibarra ha recordado que el Real Decreto Ley 9/2008 que aprueba el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) por un importe de 8.000 millones de euros, tiene como destinatarios a los Ayuntamientos y como principal finalidad, según el Gobierno socialista, la creación de empleo en el sector de la construcción, en un momento de grave crisis económica.
Ibarra ha señalado que la asfixia financiera que están soportando los Ayuntamientos con una caída brutal de ingresos como consecuencia del brusco parón económico, no hace sino agravar de forma acelerada una situación que viene siendo denunciada desde hace tiempo por los Alcaldes en los diversos foros de representación. A la deficiencia estructural en el ámbito local, que afecta tanto a su régimen de funcionamiento y de prestación de servicios como al modelo de financiación de los mismos, se añade ahora una crisis económica que está provocando falta de liquidez y reducción severa de ingresos y que está dejando a muchos Ayuntamientos al borde del colapso. Tampoco las Diputaciones provinciales, las grandes olvidadas de este Plan al no haber sido incluidas en el reparto de estos Fondos, quedan al margen de esta difícil situación. Más bien al contrario, la situación de debilidad económica también les afecta, su importante papel de apoyo a los pequeños y medianos municipios no puede ser obviado por el esfuerzo económico que representa y su capacidad para adaptarse a las nuevas formas de prestación de servicios no puede ser ignorada.
Desde el Equipo de Gobierno Municipal se han referido a que en estas condiciones el Gobierno no puede pretender que con la distribución de este FEIL se van a solucionar todos los problemas. Así, más recientemente ha tenido que aprobar una línea de crédito con el ICO para el saneamiento de las deudas municipales con proveedores por importe de 3.000 millones de euros que está por debajo de las previsiones que se han hecho para evaluar esta deuda y que representa solo una pequeña parte de las demás medidas que se vienen reclamando desde el municipalismo.
Desde diferentes ámbitos -como las asociaciones municipales, los partidos políticos, el Congreso y el Senado y, sobre todo, la mayoría de alcaldes y concejales-, se le pide al Gobierno que haga un verdadero esfuerzo por mejorar esta situación, porque la mayor parte de los servicios que se prestan a los ciudadanos se hace desde los municipios y desde las provincias e islas, y es a estas administraciones a donde se dirigen los vecinos en busca de ayuda, cuando vienen momentos tan difíciles como los actuales.
Teniendo en cuenta que de los 8.000 millones del Fondo de Inversión Local, aproximadamente 1.100 millones de euros serán recuperados por el Estado en concepto de IVA generado en la contratación de las obras, esta cantidad podría redistribuirse a los Entes Locales como transferencia para operaciones corrientes, con el objetivo de conseguir una mejora relativa de su financiación para este año. Al mismo tiempo, se debería destinar también a gastos corrientes el sobrante de recursos, como consecuencia de las adjudicaciones de obras por importes inferiores a los inicialmente previstos como máximos en la licitación.